Gracias al impulso de 4 organizaciones no gubernamentales que tienen presencia en los estados de Veracruz, Guanajuato, Distrito Federal y Puebla, desde hace varios meses se intenta consolidar un proyecto nacional destinado a hacer visible el problema de la violencia familiar como un factor relevante en las acciones para reducir la pobreza y la exclusión.
El proyecto conocido como Alianza por la Infancia y sus Familias (AIFAM) conjuga los esfuerzos de Fundación JUCONI de Puebla, MATRACA de Veracruz, RIRIKI del DF y VILLA INFANTIL de Guanajuato.
En nuestro estado, 42% de las mujeres que son violentadas, ejercen violencia contra sus hijas e hijos (Endireh 2011). Según la Encuesta Estatal sobre Dinámica Familiar en Puebla presentada por el Sistema DIF Estatal en 2012, en el 32% de los hogares poblanos se golpea a los hijos como una forma de corrección, y en casi 8 de cada 10 familias se usa el castigo como forma de autoridad paternal, lo cual revela que son los menores los más afectados por la violencia familiar.
La Alianza Por la Infancia y sus Familias (AIFAM) considera que el triángulo violencia-exclusión-pobreza se convierte en un inhibidor del desarrollo tanto individual, como social, de ahí que busque de manera urgente unir el trabajo de las autoridades, la sociedad civil y la academia a fin de ayudar a la infancia y a sus familias a enfrentar tal problemática. La suma de recursos, experiencia y conocimiento de estos tres sectores, nos ayudaría como sociedad a prevenir y atender la violencia familiar.
Asegurar la protección infantil es indispensable para disminuir gastos asociados a rubros como rezago y deserción escolar, servicios médicos, legales, psicológicos y de tratamiento de adicciones por mencionar algunos, por eso sugieren 4 grandes acciones a realizar de manera interinstitucional:
1) Proteger a la infancia de manera oportuna, no sólo de sus carencias básicas en el orden de lo material, sino también en sus carencias de educación de calidad, convivencia sana y participación. Siempre será mejor prevenir la vulnerabilidad de la infancia, que corregir las deficiencias de la adultez.
2) Conocer los costos e implicaciones de la violencia familiar, pues muchos de los adultos con problemas de conducta antisocial y trastornos emocionales, fueron víctimas de abuso o vivieron en hogares disfuncionales durante su niñez. Los costos de la violencia familiar, los pagamos como sociedad.
3) Combatir eficientemente la pobreza a través de acciones integrales y no sólo paliativos, pues no hay otra manera de evitar la transmisión generacional de la triada violencia-exclusión-pobreza. Existen ya buenas prácticas en otros estados, sólo es cuestión de identificarlas y replicarlas.
4) Atender y sancionar debidamente la violencia familiar, pues ésta tiene un impacto social y económico muy importante. En materia de violencia, quien no es parte de la solución, es parte del problema.
Como parte de esas 4 grandes acciones, la AIFAM ha considerado que el Congreso del Estado de Puebla tiene dos tareas ineludibles: destinar un mayor presupuesto a la prevención de la violencia familiar y trabajar de manera coordinada con la academia y la sociedad civil para adecuar las leyes en materia de violencia familiar.
Abrir espacios de diálogo permanente entre legisladores, académicos, funcionarios y organismos de la sociedad civil, es una actividad que a Puebla redituaría mucho, pues para disminuir el grave problema de la violencia familiar, sólo un trabajo conjunto podrá ser efectivo.
Dip. Ana María Jiménez Ortiz, presidenta de la Comisión Especial de la Familia LVIII Legislatura
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